La mentada crisis energética
“Le costará comprender
por qué este petróleo nuestro,
lo industrializan tan lejos
y el subproducto después
vuelve a su tierra otra vez,
sabe Dios por qué manejos”.
(León Gieco – El Embudo)
En el marco del debate abierto por el aumento anunciado de las tarifas de la luz y el gas; de las restricciones a industria para el consumo de energía (entre ellas, algunas fábricas de Gualeguaychú) indagamos en esta nota acerca de las causas históricas y actuales de la crisis energética en el país.
La Nación sabe lo que dice. Y cuando leemos sus artículos, sabemos en nombre de quiénes lo dice. El domingo pasado, una nota firmada por Diego Cabot, desgranaba algunas cifras estremecedoras sobre los costos del subsidio estatal a las empresas distribuidoras de energía en la Argentina.
El artículo destaca que por segundo se van 254 pesos en subsidios estatales a las empresas de gas, electricidad o petróleo; cifra que fue aumentando con el tiempo. Para poder comparar el incremento, Cabot nos ilustra que en 2004 los subsidios al sector fueron de $ 418 millones, mientras que el año pasado, ascendieron 16.077 millones.
Al leer las cifras, mi vecina se asusta primero y se enoja, después. Vaya alguien a tranquilizarla, justo a ella que hace 15 días tuvo que pasearse por toda la ciudad con una garrafa a cuestas y cuando al fin pudo volver a su casa había gastado 35 pesos, en vez de los 16 que se anunciaban.
Cabot anuda la crisis energética a esta política de subsidios; para él, la causa del déficit está en la falta de exploración de pozos de petróleo –algo en lo que todos coincidiríamos. El problema surge cuando explica que las exploraciones se redujeron por la falta de reglas claras para los inversores y que esas reglas poco claras eran, principalmente las “tarifas poco competitivas”. A esa altura de la nota, mi vecina ya empezaba a masticarse la bufanda. Ya no quise escuchar los gritos de esa mujer cuando se enteró que el articulista pontifica que en Brasil, una tarifa de gas bimestral es de 1044 pesos, 27 veces más cara que en la Argentina. Ahí es donde quedan más claras las diferencias que tenemos con La Nación y con estas políticas de subsidios que en el fondo ponen al estado al servicio de los monopolios.
¿Reglas más claras o nacionalización?
Perón decía que en economía, “o planifica el estado, o planifican los monopolios”; eso, durante su gobierno que era nacional, popular, reformista y antiimperialista. Otra cosa es cuando nos encontramos en un estado oligárquico imperialista como el que se fortaleció en la Argentina luego de la dictadura militar.
En 1989, cuando YPF y Gas del Estado eran estatales, había casi 40 años de reservas de gas, 18 años de reserva de petróleo y 5 millones de usuarios de gas por redes. Casi la totalidad (95 %) de las reservas de hidrocarburos del país, fueron exploradas por YPF.
La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales dominaba todas las etapas del proceso: exploración, perforación, extracción, transporte, refinado, comercialización, investigación. Al igual que con el gas, continuado luego desde 1945 por Gas del Estado y el complejo de empresas estatales creadas por el gobierno peronista. YPF promovió el desarrollo de proveedores nacionales, el dominio de las tecnologías y técnicas asociadas, la promoción de zonas despobladas, la formación de obreros, técnicos y profesionales especializados. Con la renta del petróleo bajo el dominio estatal Argentina pudo construir caminos, vías férreas, toda la infraestructura hidroeléctrica, la red de gasoductos internos.
Durante la última dictadura, YPF fue endeudada y obligada a tomar préstamos que iban a manos del tesoro. En aquel período comenzaron las concesiones a privados, abriéndoles las puertas a “empresarios nacionales” como Soldati y Pérez Companc.
En 1989, Menem comenzó la privatización total de YPF, entregada por chauchas y palitos a Repsol. Con ese proceso, la renta de la explotación de nuestros recursos energéticos fue transferida a monopolios y capitales imperialistas.
Las penas y las vaquitas
En la década del 80, YPF perforaba 115 pozos de exploración por año; entre 2000 y 2008, esa cifra cayó a 7 pozos anuales (6,3 de petróleo y 0,7 de gas). Esto no se debe –al contrario de lo que afirma La Nación- a falta de reglas claras para los inversores privados; sino a la extranjerización de nuestros recursos estratégicos.
El modelo agro-minero-exportador, favorece el negocio de la apropiación de un recurso energético básico por los países desarrollados que así se aseguran una materia prima valiosa y escasa, agregándole valor tecnológico a bajo costo en plantas industriales que los argentinos no controlamos.
Una petrolera invierte entre 6 y 10 dólares para la extracción de un barril de petróleo, que luego es vendido a 100 dólares (en 2008, la cifra osciló entre 100 y 140 dólares); no hace falta decir que luego no invierte esas ganancias en el país; dado que sigue vigente la prerrogativa por la cual las exportadoras no están obligadas a ingresar al país el 70 % de lo facturado.
No sólo cayeron las exploraciones de las cuencas de hidrocarburos, sino que además decreció la capacidad de refinación del crudo; de industrialización de la materia prima petroquímica, etc. Y todo esto tiene sus consecuencias que van más allá de la escasez y encarecimiento para el usuario, sino que además se fortalece el retraso industrial y la dependencia tecnológica del país.
Mi vecina, penando por una garrafa en invierno o para que no se le corte la luz a la siesta en el verano, le da la razón a Enrique Mosconi, cuando en la década de 1920 decía que se debe “dotar a la Nación de la conveniente legislación del petróleo cuando por imprevisión se han acordado derechos y se ha puesto en acción el interés del capital privado nacional, y especialmente del capital extranjero, es obra ardua y patriótica”. Y aseguraba que “Una nueva adecuada solución dará a los pueblos latinoamericanos beneficios de orden moral, económico, político y social. Una mala solución producirá efectos diametralmente opuestos, como nos lo demuestran las graves dificultades y los grandes males que han experimentado los países que no han resguardado debidamente su riqueza minera. El problema argentino espera aún esa grande y definitiva solución”.
Más claridad por favor!!!
ResponderEliminarMe parece interesante la nota pero, como soy medio burro, me gustaría que Claudio aclarare sobre los comentarios de La Nación. No entiendo si está a favor o no. Por eso lo reitero aquí;
"La Nación sabe lo que dice. Y cuando leemos sus artículos, sabemos en nombre de quiénes lo dice. El domingo pasado, una nota firmada por Diego Cabot, desgranaba algunas cifras estremecedoras sobre los costos del subsidio estatal a las empresas distribuidoras de energía en la Argentina".
"Ahí es donde quedan más claras las diferencias que tenemos con La Nación y con estas políticas de subsidios que en el fondo ponen al estado al servicio de los monopolios". Gracias. Burro
Estimado. En todo caso, burro será quien escribió la nota y no fue suficientemente claro para hacerse entender.
ResponderEliminarNo coincidimos con La Nación; en general, no coincidimos con La Nación. Sobre todo en el artículo en cuestión, Cabot hace fuerzas para que las empresas puedan aumentar las tarifas.
Tampoco estamos de acuerdo en que la política estatal en este asunto sea subsidiar empresas para que no aumenten las tarifas. Lo demás, está dicho en la nota: queremos que el estado nacional tenga a su cargo "todas las etapas del proceso: exploración, perforación, extracción, transporte, refinado, comercialización, investigación".
Saludos y gracias por el pedido de aclaración; si no fue suficiente, le damos otra vueltita al asunto.
TARIFAS SUBSIDIADAS
ResponderEliminarVale la respuesta. Por eso me atrevo a comentar la realidad correntina. Gracias al subsidio nacional al consumo energético, el usuario del servicio eléctrico correntino deberá abonar en los bimestres 3º y 4º (junio-julio y agosto-septiembre)facturas inferiores al costo real del tarifario actual.Más allá si la decisión estatal es o no correcta. Tengamos en cuenta que como consecuencia del inusual invierno y la accesibilidad a poder comprar una estufa o caloventor, sin ese subsidio, el usuario estaría pagando montos incluso superiores al verano. Con recorrer los comercios de electrodomésticos se puede comprobar la venta de esos artefactos. En esta provincia se afirma que se paga la energía más cara del país, en una provincia generadora justamente de energía, a través de Yaciretá. Aquí quiero copiar textualmente un extracto del informe de la Asociación de Usuarios y Consumidores publicado el domingo 20 de enero de 2002 en el diario El Libertador, con el título "Abusos y trampas en la facturación de energía". "Lo que se paga a CAMMESA*"; Mucho se habla de que el excesivo precio que pagamos por la energía eléctrica que provee la DPEC* se debe al costo que la misma compra a CAMMESA. Luego de un exhaustivo análisis de la Comisión (de Usuarios) con datos que le brindara la Asociación de Empresas Eléctricas de la República Argentina para el mes de octubre de 2001 se llegó a la conclusión de la inexactitud de dicha aseveración.
Como resultado podemos apreciar que la DPEC compra la energía al mismo precio que lo hace el promedio de las empresas del país, pero mientras que la relación precio/costo para estas es de 3,1 (+210%), la relación para la DPEC es de 5,8 (+480%). Es decir, que se tiene que soportar una relación precio/costo significativamente superior en 2,7 puntos (+170%). También es la mas cara si apreciamos la "canasta tarifaria" (columna promedio de precios) en donde para un valor de 131$MWh para el promedio del país, esta provincia lleva la delantera con un 185$/MWh, lo que significa un +41% respecto de las provincias consideradas. Resulta interesante constatar la existencia de empresas que compran la energía eléctrica a un costo superior a la nuestra, como es el caso de las provincias del NOA, cuyo promedio es de 37$/MWh; sin embargo su "canasta de tarifas" representa un 66% de la DPEC, porque la relación precio/costo es de 3,5 (+250%), mientras que la nuestra es de 5,8 (+480%). Así podrán sacar sus propias conclusiones analizando el cuadro tarifario de otras provincias y coincidir en que los precios que pagamos nada tienen que ver con los costos de la energía que la DPEC debe pagar a CAMMESA, sino por los elevados costos de gestión empresaria que se deben afrontar con el precio de las tarifas. Por los comprobados abusos cometidos, la Asociación de Usuarios y Consumidores de Corrientes solicitó la urgente modificación del actual cuadro tarifario), de las residenciales (casas), comercios e industrias adecuándolo a los valores medios del país. y que se contemple, además, una tarifa social* para los sectores de escasos recursos (desocupados, jubilados, etc)".
*CAMMESA es la proveedora de energía a la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC). *Tarifa social: hoy esta vigente.
Sigo en próximo comentario. Burro
Tarifas...
ResponderEliminarDado lo extenso de mi comentario a tu nota Claudio, me vi en la necesidad de partir en dos. Aquí finalizo:
Con respecto a la modificación del cuadro tarifario puedo agregar que sí, se modificó, pero para beneficio de la DPEC con aumentos que van del 100 al 300% según el consumo, medida que se encuentra con un recurso de nulidad favorable para los Usuarios por un fallo del Superior Tribunal de Justicia de la provincia pero por un recurso interpuesto por la DPEC dependemos del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, última instancia a que recurrió la Asociación.
La desregulación y privatización de la generación, transmisión y distribución de los recursos con la promesa de minimizar costos ocurridos en los noventa aún está vigente, y no justamente por desinterés del actual gobierno, sino por el entramado armado por el menemato que tiene sus costos, no sólo políticos sino también económicos para derribarlos. Es una tarea a cumplir por el Congreso Nacional, desgraciadamente ocupado en obstruir la acción del gobierno nacional. Creo personalmente que salvo honrosas excepciones, gran parte de la oposición forma parte de estos grupos en contra del interés nacional.Burro