El gobierno acusó de sediciosa a Gualeguaychú

El gobierno acusó de sediciosa a Gualeguaychú

Botnia, el Pueblo y las dos caras
de la Justicia

Por Santiago García

La decisión del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay de ratificar la medida que dispone el levantamiento del corte, volvió a poner los ojos sobre la lucha del pueblo de Gualeguaychú. Cristina y sus ministros quieren liberar la ruta, porque le deben la presidencia de la Unasur a Mujica. La Asamblea y Gualeguaychú resistieron el primer embate, mientras Aníbal Fernández criminalizó la protesta contra la pastera UPM-Botnia a la que nadie le toca un pelo.

“El derecho a la vida está por encima del derecho a circular”, destacó uno de los vecinos de Gualeguaychú acusado de múltiples delitos (entre ellos asesinato culposo y amenazas) por el Gobierno Nacional. La sexta marcha en la que participaron miles y miles de vecinos que viven frente a la planta, ratificó el carácter popular y masivo del reclamo que llevan adelante desde hace más de tres años. Del otro lado, un grupo de menos de cien vecinos, acompañados ahora por el Gobierno de Cristina Kirchner, avanzaron en la criminalización de la protesta social. Mientras a los asambleístas se les pide que acaten un fallo de una Corte Internacional de La Haya , que como era de esperar defendió los intereses de una multinacional europea, a la planta que motorizó la violación del Tratado del Río Uruguay no se le exige nada. Ni siquiera se han decidido las características del monitoreo sobre la contaminación de la cual Aníbal Fernández se atrevió a dudar. Esto no hace más que confirmar que la inacción del Gobierno Nacional, lejos de ser un error estratégico, es una política de desarticulación y desgaste de la protesta. Nuevamente, como sucedió en el conflicto de Terrabusi, el kirchnerismo hace malabares para que no se le caiga la careta progresista, aunque utiliza una palabra tan vinculada con las dictaduras como “sedición”. Con esa palabra identificaban los sangrientos golpistas a los jóvenes de los sesentas y setentas, de cuyos ideales el oficialismo se autoproclama heredero.

De aquí en adelante, a Gualeguaychú le espera otra pelea. Seguramente, como lo adelantó el Jefe de Gabinete Aníbal Fernández, se intentará encarcelar a los voceros y “líderes” naturales de la Asamblea Ambiental que no cedan a las negociaciones que el Gobernador Sergio Urribarri ya comenzó. En ese sentido, será fundamental el resultado de las redes de solidaridad que oportunamente los vecinos han trazado, no sólo dentro de la propia ciudad sino también con otras asambleas de la provincia y del país. Un termómetro de esa relación, se dio luego de conocerse el intento del Gobierno de levantar el corte. Rápidamente, partieron contingentes de ciudades vecinas para apoyar la lucha a favor de la vida.

Lo concreto es que si el pueblo de Gualeguaychú logró torcer la promesa del Ministro de Justicia Julio Alak de desalojar la ruta, nadie dice que no vuelva a ganar una batalla más. Queda claro que si el Gobierno de Cristina Kirchner cambia su actitud no es porque se desviva por cumplir la ley, sino porque el voto de José Mujica fue clave para que el ex presidente Néstor Kirchner quedara al frente de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). Es decir, que entre apoyar la lucha de todo un pueblo contra una monstruosa empresa multinacional, y aportar granitos de arena para las infinitas aspiraciones presidenciales, el Gobierno eligió sin dudar la segunda opción. Mientras tanto, los años pasan y el río Uruguay corre peligro de dejar de ser “ese cielo azul que viaja”.