Por Gonzalo Núñez
La causa cayó en el juez Correccional Nº1 de Paraná, Pablo Vírgala. Tanto la fiscalía como la defensa del empresario ya ofrecieron las pruebas para discutir en el juicio. Ahora se está a la espera de la fijación de la fecha de debate. Habló el abogado defensor de Barreiro, Raúl Barrandeguy.
Ricardo Fabián Barreiro, el empresario santacruceño nacionalmente conocido como “el ex jardinero de la familia Kirchner”, será juzgado en Entre Ríos por un Tribunal unipersonal. La causa cayó –por sorteo- en el juez Correccional Nº 1 de Paraná, Pablo Vírgala. El fiscal de la Cámara es Rafael Cotorruelo.
Cabe recordar que los jueces Correccionales intervienen en los casos anteriores a la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal, es decir el 22 de septiembre de 2014, y cuyo delito prevé una pena máxima hasta 10 años. El empresario está acusado por el supuesto delito de falsificación ideológica de documento público, con una pena de 1 a 6 años de prisión.
En diciembre del año pasado se clausuró la etapa de instrucción de la causa que investiga si Barreiro introdujo datos falsos en un documento público para presentarse a una licitación a pesar de haber sido designado como funcionario provincial. La fiscal de Transición, Viviana Ferreyra, pidió la elevación a juicio el miércoles 25 de noviembre de 2015. Los abogados defensores, Raúl Barrandeguy y José Candelario Pérez, no se opusieron al requerimiento, por lo cual Barreiro deberá sentarse en el banquillo de acusados. (Ver: Repaso).
Una de las decisiones más polémicas de la fiscal Ferreyra fue descartar ampliar la imputación por supuestas negociaciones incompatibles con la función pública, ya que Barreiro era funcionario y contratista del Estado. Esa decisión dejó afuera la posibilidad de investigar si la licitación fue direccionada por el poder político.
A la espera de la fecha del juicio
Según fuentes tribunalicias, el 22 de febrero el fiscal Cotorruelo presentó las pruebas que utilizará en el juicio. Se trata de la misma documental utilizada por la agente fiscal Ferreyra para pedir la elevación a juicio. Asimismo, el abogado defensor de Barreiro, el ex diputado nacional por el FpV entrerriano, Raúl Barrandeguy, confirmó que también hizo las presentaciones correspondientes.
Ahora se está a la espera de que las partes sean notificadas de la admisión de la prueba y de la fijación de la fecha de debate. En el juicio podrán ser llamados a declarar nuevamente, como testigos de Barreiro, –ya lo hicieron en la etapa de instrucción por escrito- Sebastián Lorenzo y Pedro Báez. El primero fue director del Centro Experimental de Industrias Culturales de Entre Ríos (Ceicer), donde el empresario fue designado, ad honorem, como coordinador de Relaciones Institucionales. El segundo era ministro de Comunicación y Cultura, y firmó, junto a Urribarri, el decreto de designación en el Ceicer. Actualmente es diputado provincial por el Frente para la Victoria (FpV).
¿Qué dice la defensa de Barreiro?
Consultado por Río Bravo, Raúl Barrandeguy defendió la decisión de no oponerse a la elevación a juicio: “A nosotros nos pareció bien, queremos ir a juicio”, dijo el abogado. Al ser preguntado sobre qué pruebas ofrecieron en esta etapa, el abogado indicó que es “la misma que hemos hecho en la instrucción”.
Asimismo confirmó que llamarán como testigos a Sebastian Lorenzo y Pedro Báez: “vamos a pedir que los testigos declaren nuevamente y vamos a pedir que se valore el sentido y alcance que cada uno de estos testimonios tiene”, dijo el letrado que defiende a Barreiro.
Si bien la causa comenzó a investigarse tras la denuncia realizada por el abogado Guillermo Mulet, éste no se constituyó como querellante y por ello en el juicio hay dos partes, el Ministerio Público Fiscal y la defensa del acusado. Barrandeguy hizo énfasis en este punto y criticó al letrado que en mayo de 2013 pidió investigar si existía la comisión de un delito y que el año pasado solicitó que se amplíe la imputación al delito de negociaciones incompatibles con la función pública. El pedido fue descartado.
“Las partes en este juicio somos el Ministerio Público Fiscal que va a acusar, porque pidió la elevación a juicio, y la defensa. No hay absolutamente más nadie, porque por ahí unos abogados se presentan y sin tener legitimación de ninguna clase hacen peticiones, que se cite, que se amplíe la imputación”, afirmó Barrandeguy en alusión a Mulet.
En cuanto al delito que se le imputa a Barreiro, Barrandeguy dio una explicación en la cual aseguró que su defendido no fue notificado que había sido designado como funcionario del Ceicer y que por ello no incurrió en un delito a la hora de registrarse en el Registro de Proveedores del Estado.
“Barreiro va a ser juzgado porque en un procedimiento de licitación pública, él previamente se inscribe en el registro de proveedores del Estado, y firma un formulario que tiene tilde: donde dice si es empelado o funcionario del Estado él puso ‘No’”, explicó y agregó que “paralelamente había un decreto, que Barreiro dice que no conoce, nunca lo conoció y no tenía porqué conocerlo, los boletines oficiales no los lee todo el mundo y a él jamás lo notificaron”.
“El decreto –continuó el abogado- lo designaba como funcionario ad honorem. Se prueba que él nunca había cobrado un solo peso y que tampoco había sido notificado de ese decreto. En consecuencia, donde puso la tilde donde decía que no era empleado había puesto la verdad. Eso se estimó que era falsificación de documento público, se lo procesó y se lo va a juzgar”.
Preguntado sobre cómo se justifica que Barreiro nunca se enteró del decreto de designación, Barrandeguy planteó que ese tema será discutido en el juicio con la fiscalía: “el criterio es que debió leer el Boletín Oficial. Nosotros presentamos el decreto donde se establece el procedimiento de notificar a las partes cuando se resuelve algo de interés individual”, señaló.
“Acá Barreiro si falseara la verdad tendría que haber puesto ‘no soy funcionario publico’ y haber sabido. Esto no ocurrió. Aparte lo ha desfavorecido esa condición que le atribuyó el denunciante y después los medios nacionales. La prensa sabrá, tiene sus códigos, cómo responde, si sirve o no sirve a la democracia. Eso de ser el jardinero K lo desfavoreció. En realidad de lo que se trató siempre es de tratar de desacreditar a la presidenta”, consideró finalmente.
Repaso del caso
Barreiro fue denunciado periodísticamente el domingo 12 de mayo de 2013, en el programa Periodismo para Todos, de Jorge Lanata, por su crecimiento patrimonial. Allí fue señalado como un testaferro del difunto presidente Néstor Kirchner y la ahora ex mandataria nacional Cristina Kirchner. En un informe se indicó que el “jardinero” devino en poco tiempo en multimillonario empresario hotelero y gastronómico.
El 15 de mayo de 2013 el periodista, docente y director de este sitio, Ignacio González Lowy, descubrió que Barreiro tenía un cargo en Entre Ríos. En rigor, se conoció el texto del decreto N° 3.793, del año 2012, por el cual entonces gobernador Sergio Urribarri y su ministro de Cultura, Pedro Báez, nombraron al empresario como funcionario del Gobierno. El cargo que le dieron fue coordinador de Relaciones Institucionales del Centro Experimental de Industrias Culturales de Entre Ríos (Ceicer), que hasta agosto de 2015 dirigió Sebastián Lorenzo.
Además se conoció que en diciembre de 2012 su empresa RP Transportes SA fue la única que se presentó a la licitación del Ministerio de Turismo para llevar a Tecnópolis (en Villa Martelli, Buenos Aires) a 2.324 estudiantes de 60 escuelas entrerrianas. Más tarde, el funcionario le cobraría al Estado provincial 220 mil pesos por ese servicio. Su empresa aparece en el Registro de Proveedores con el número 4.711.
A raíz de ello el abogado Guillermo Mulet lo denunció poco días después de la publicación periodística y la justicia comenzó a investigar.
El “ex jardinero” de la residencia de los Kirchner en El Calafate está procesado en Entre Ríos desde agosto de 2014 (por el Juez de Instrucción Nº 7 -hoy Juzgado de Transición Nº 4- a cargo de Humberto Franchi) porque habría introducido datos falsos cuando se inscribió como proveedor del Estado en la Dirección General de Contrataciones. En rigor, la fiscalía lo acusa de haber ocultado que tenía un cargo en un área que depende del Ministerio de Cultura y Comunicación y así presentarse a una licitación, que finalmente ganó.
En noviembre de ese año, la Sala I de la Cámara del Crimen de Paraná, integrada por José María Chemez, Miguel Ángel Giorgio y Elvio Garzón, confirmó el procesamiento. Lo demás es historia reciente.
Publicado por Río Bravo el 25 de marzo de 2016.
Cabe recordar que los jueces Correccionales intervienen en los casos anteriores a la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal, es decir el 22 de septiembre de 2014, y cuyo delito prevé una pena máxima hasta 10 años. El empresario está acusado por el supuesto delito de falsificación ideológica de documento público, con una pena de 1 a 6 años de prisión.
En diciembre del año pasado se clausuró la etapa de instrucción de la causa que investiga si Barreiro introdujo datos falsos en un documento público para presentarse a una licitación a pesar de haber sido designado como funcionario provincial. La fiscal de Transición, Viviana Ferreyra, pidió la elevación a juicio el miércoles 25 de noviembre de 2015. Los abogados defensores, Raúl Barrandeguy y José Candelario Pérez, no se opusieron al requerimiento, por lo cual Barreiro deberá sentarse en el banquillo de acusados. (Ver: Repaso).
Una de las decisiones más polémicas de la fiscal Ferreyra fue descartar ampliar la imputación por supuestas negociaciones incompatibles con la función pública, ya que Barreiro era funcionario y contratista del Estado. Esa decisión dejó afuera la posibilidad de investigar si la licitación fue direccionada por el poder político.
A la espera de la fecha del juicio
Según fuentes tribunalicias, el 22 de febrero el fiscal Cotorruelo presentó las pruebas que utilizará en el juicio. Se trata de la misma documental utilizada por la agente fiscal Ferreyra para pedir la elevación a juicio. Asimismo, el abogado defensor de Barreiro, el ex diputado nacional por el FpV entrerriano, Raúl Barrandeguy, confirmó que también hizo las presentaciones correspondientes.
Ahora se está a la espera de que las partes sean notificadas de la admisión de la prueba y de la fijación de la fecha de debate. En el juicio podrán ser llamados a declarar nuevamente, como testigos de Barreiro, –ya lo hicieron en la etapa de instrucción por escrito- Sebastián Lorenzo y Pedro Báez. El primero fue director del Centro Experimental de Industrias Culturales de Entre Ríos (Ceicer), donde el empresario fue designado, ad honorem, como coordinador de Relaciones Institucionales. El segundo era ministro de Comunicación y Cultura, y firmó, junto a Urribarri, el decreto de designación en el Ceicer. Actualmente es diputado provincial por el Frente para la Victoria (FpV).
¿Qué dice la defensa de Barreiro?
Consultado por Río Bravo, Raúl Barrandeguy defendió la decisión de no oponerse a la elevación a juicio: “A nosotros nos pareció bien, queremos ir a juicio”, dijo el abogado. Al ser preguntado sobre qué pruebas ofrecieron en esta etapa, el abogado indicó que es “la misma que hemos hecho en la instrucción”.
Asimismo confirmó que llamarán como testigos a Sebastian Lorenzo y Pedro Báez: “vamos a pedir que los testigos declaren nuevamente y vamos a pedir que se valore el sentido y alcance que cada uno de estos testimonios tiene”, dijo el letrado que defiende a Barreiro.
Si bien la causa comenzó a investigarse tras la denuncia realizada por el abogado Guillermo Mulet, éste no se constituyó como querellante y por ello en el juicio hay dos partes, el Ministerio Público Fiscal y la defensa del acusado. Barrandeguy hizo énfasis en este punto y criticó al letrado que en mayo de 2013 pidió investigar si existía la comisión de un delito y que el año pasado solicitó que se amplíe la imputación al delito de negociaciones incompatibles con la función pública. El pedido fue descartado.
“Las partes en este juicio somos el Ministerio Público Fiscal que va a acusar, porque pidió la elevación a juicio, y la defensa. No hay absolutamente más nadie, porque por ahí unos abogados se presentan y sin tener legitimación de ninguna clase hacen peticiones, que se cite, que se amplíe la imputación”, afirmó Barrandeguy en alusión a Mulet.
En cuanto al delito que se le imputa a Barreiro, Barrandeguy dio una explicación en la cual aseguró que su defendido no fue notificado que había sido designado como funcionario del Ceicer y que por ello no incurrió en un delito a la hora de registrarse en el Registro de Proveedores del Estado.
“Barreiro va a ser juzgado porque en un procedimiento de licitación pública, él previamente se inscribe en el registro de proveedores del Estado, y firma un formulario que tiene tilde: donde dice si es empelado o funcionario del Estado él puso ‘No’”, explicó y agregó que “paralelamente había un decreto, que Barreiro dice que no conoce, nunca lo conoció y no tenía porqué conocerlo, los boletines oficiales no los lee todo el mundo y a él jamás lo notificaron”.
“El decreto –continuó el abogado- lo designaba como funcionario ad honorem. Se prueba que él nunca había cobrado un solo peso y que tampoco había sido notificado de ese decreto. En consecuencia, donde puso la tilde donde decía que no era empleado había puesto la verdad. Eso se estimó que era falsificación de documento público, se lo procesó y se lo va a juzgar”.
Preguntado sobre cómo se justifica que Barreiro nunca se enteró del decreto de designación, Barrandeguy planteó que ese tema será discutido en el juicio con la fiscalía: “el criterio es que debió leer el Boletín Oficial. Nosotros presentamos el decreto donde se establece el procedimiento de notificar a las partes cuando se resuelve algo de interés individual”, señaló.
“Acá Barreiro si falseara la verdad tendría que haber puesto ‘no soy funcionario publico’ y haber sabido. Esto no ocurrió. Aparte lo ha desfavorecido esa condición que le atribuyó el denunciante y después los medios nacionales. La prensa sabrá, tiene sus códigos, cómo responde, si sirve o no sirve a la democracia. Eso de ser el jardinero K lo desfavoreció. En realidad de lo que se trató siempre es de tratar de desacreditar a la presidenta”, consideró finalmente.
Repaso del caso
Barreiro fue denunciado periodísticamente el domingo 12 de mayo de 2013, en el programa Periodismo para Todos, de Jorge Lanata, por su crecimiento patrimonial. Allí fue señalado como un testaferro del difunto presidente Néstor Kirchner y la ahora ex mandataria nacional Cristina Kirchner. En un informe se indicó que el “jardinero” devino en poco tiempo en multimillonario empresario hotelero y gastronómico.
El 15 de mayo de 2013 el periodista, docente y director de este sitio, Ignacio González Lowy, descubrió que Barreiro tenía un cargo en Entre Ríos. En rigor, se conoció el texto del decreto N° 3.793, del año 2012, por el cual entonces gobernador Sergio Urribarri y su ministro de Cultura, Pedro Báez, nombraron al empresario como funcionario del Gobierno. El cargo que le dieron fue coordinador de Relaciones Institucionales del Centro Experimental de Industrias Culturales de Entre Ríos (Ceicer), que hasta agosto de 2015 dirigió Sebastián Lorenzo.
Además se conoció que en diciembre de 2012 su empresa RP Transportes SA fue la única que se presentó a la licitación del Ministerio de Turismo para llevar a Tecnópolis (en Villa Martelli, Buenos Aires) a 2.324 estudiantes de 60 escuelas entrerrianas. Más tarde, el funcionario le cobraría al Estado provincial 220 mil pesos por ese servicio. Su empresa aparece en el Registro de Proveedores con el número 4.711.
A raíz de ello el abogado Guillermo Mulet lo denunció poco días después de la publicación periodística y la justicia comenzó a investigar.
El “ex jardinero” de la residencia de los Kirchner en El Calafate está procesado en Entre Ríos desde agosto de 2014 (por el Juez de Instrucción Nº 7 -hoy Juzgado de Transición Nº 4- a cargo de Humberto Franchi) porque habría introducido datos falsos cuando se inscribió como proveedor del Estado en la Dirección General de Contrataciones. En rigor, la fiscalía lo acusa de haber ocultado que tenía un cargo en un área que depende del Ministerio de Cultura y Comunicación y así presentarse a una licitación, que finalmente ganó.
En noviembre de ese año, la Sala I de la Cámara del Crimen de Paraná, integrada por José María Chemez, Miguel Ángel Giorgio y Elvio Garzón, confirmó el procesamiento. Lo demás es historia reciente.
Publicado por Río Bravo el 25 de marzo de 2016.
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